Este martes la comunidad de Benito Juárez celebra el 150° aniversario del trazado de su ciudad

A poco de organizarse el Juzgado de Paz del Partido de Juárez, los hacendados de la zona se manifestaban deseosos de establecer un pueblo como cabecera del Partido.

El 14 enero de 1869, la Comisión Municipal se reúne para discutir este punto y el terreno donde debía emplazarse la población cabecera del Partido. En junio, el Gobierno autorizó a los miembros de la Comisión a elegir el lugar donde se ubicaría el nuevo poblado. Fueron de preferencia los campos pertenecientes a Ignacio Lara. Sin embargo el Gobierno rechaza esa propuesta inicial.

A principios de 1870, Álvaro Barros, quien ya había tenido sus encontronazos con Roldán por el problema de la Frontera antes mencionado y acaso en el mismo espíritu de rivalidad, comienza a realizar gestiones para anexar el nuevo Partido de Juárez bajo el Partido de Olavarría, del cual Barros era uno de sus fundadores.

Unos meses más tarde Mariano Roldán presenta su renuncia. Podemos suponer que el disgusto por las recientes gestiones de Barros, sumado al rechazo del Gobierno a la propuesta de la Comisión Municipal sobre el terreno donde instalar el futuro pueblo, hayan apresurado su decisión.

Sin embargo, en julio de 1870 el Gobierno rechaza su renuncia y le ordena retomar su cargo, aunque Roldán insiste en el carácter indeclinable de su decisión. En agosto la Comisión acepta finalmente la renuncia y elige a Pedro Alejandrino Rodríguez como nuevo Juez de Paz. El Juzgado se mudaría ahora hacia su establecimiento "La Totora" ubicado en el centro de Partido.

Antes de tener lugar el traspaso del Juzgado de Paz a Pedro Rodríguez, Roldán propuso elegir nuevamente y de manera definitiva el terreno apropiado para emplazar el Pueblo de Juárez. Según un acta del 6 de Septiembre de 1870, dos días antes, el 4 de Septiembre, la Comisión Municipal en conjunto con varios vecinos del Partido, eligieron por unanimidad el área conocida como el paraje "San José" de Iraola”.

En los primeros meses de 1871 se nombra al agrimensor José María Muñiz para que practique la mensura del terreno designado para ejido del pueblo. La Comisión Municipal debía proveer tanto los mojones para la demarcación como los peones que harían el trabajo. Pero cuatro meses después, el Juez de Paz Pedro Rodríguez debe insistir ante el Gobierno de la Provincia porque el agrimensor no había concurrido aún y en caso que no se presente, la Comisión proponía al señor Fortunato Gómez –quien se ofrecía a hacer el trabajo de manera gratuita- para que cuanto antes realice la marcación del terreno

Recién el 23 de febrero del año siguiente (1872) el Gobierno aprueba definitivamente la traza y en Abril, le da al agrimensor Muñiz el expediente con "las instrucciones que debían servirle de norma" para el trazado del ejido y "30 mil pesos para los primeros gastos". Pero hasta octubre, Muñiz no se presenta. Entonces la Comisión resuelve enviar en Comisión Especial a Mariano Roldán para que se entreviste con el Gobernador Mariano Acosta y además solicite "se ponga a disposición de esta Comisión los trescientos mil pesos que el Tesorero Público prometió en 1869 dar al entonces Juez de Paz de este Partido (Roldán),

para la construcción de edificios públicos". Aparentemente la intervención de Roldán no surtió efecto y será el Municipal Ernesto Romero quien insista también como enviado especial ante el Ministro de Gobierno Federico Pinedo en busca de una resolución definitiva

Pasa otro año sin que Muñiz se presente y una nueva comisión es enviada en Febrero de 1873, esta vez compuesta por José María Areco, Guillermo Udaondo, Nicolás Lastra y Alejandro Montero para que presente el reclamo ante el nuevo Ministro de Gobierno Amancio Alcorta

El 31 de julio de 1873, en una nota enviada al Ministerio de Gobierno en ocasión del resumen de cuentas de la caja municipal, se declara un "déficit de $10.517 motivados por los gastos originados en la mensura del ejido".

Luego de años de espera, el 26 de marzo de 1874 son aprobados finalmente los planos de Muñiz. En una reunión municipal de agosto de ese mismo año, se crea un "Reglamento para la concesión y venta de terrenos del ejido", debido a la cantidad de solicitudes que realizaban los nuevos pobladores.

En dicho Reglamento se establecen los precios de las parcelas y se reservan solares para los edificios administrativos y la plaza principal, además de las condiciones para poblar la tierra y para construir. Por ejemplo, todos aquellos que construyeran su casa alrededor del terreno de la plaza, debían hacerlo con sus frentes dando hacia ella y con una altura de no menos de 5 metros, entre otros requisitos.

La celebración comunitaria:
Ejercer la ciudadanía cultural supone la participación democrática plena en pos de la construcción de comunidad. Para ello es necesario reconocer la diversidad, valorando la multiculturalidad y la intergeneracionalidad; propiciar la expresión y la comunicación de todas las voces, considerando la posibilidad de la existencia de tensiones/conflictos, manifiestos o latentes. Trabajar para potenciar la ciudadanía cultural implica reconocer un sentido de pertenencia basado en significados compartidos, lo cual forma parte de la propia identidad personal y colectiva.

Es innegable que cultivar y fortalecer el capital social considerado como “el grado de confianza existente entre las personas, el respeto por las normas cívicas establecidas y el nivel de asociatividad que caracteriza a la sociedad” (Fuentes Firmani, 2022) es una condición indispensable. Los espacios de recreación conjunta se constituyen en elementos importantes para el fortalecimiento de la trama comunitaria, siempre entendiendo  que, cuando se habla de comunidad, se lo hace aludiendo al “grupo de personas que no necesariamente se reúnen físicamente en un mismo espacio geográfico, sino que poseen un sentido común de integración” Clarissa Marquez (2022).

En vistas de ello y dado que el próximo 26 de marzo de 2024 se cumplirán 150 del trazado del pueblo de Juárez, como ciudadanía organizada decide celebrar el aniversario con una programación conjunta que les permita – y evidencie – este ejercicio pleno de derechos y deberes que nos supone ser miembros de esa comunidad.