EEUU empezó a arrestar a los padres que pagan por ingresar a sus hijos al país
El gobierno de Estados Unidos inició una polémica campaña contra la trata que incluye la detención de padres indocumentados y de aquellos que pagan para que sus hijos ingresen de manera clandestina en territorio norteamericano.
La medida tiene como objetivo "interrumpir y desmantelar de extremo a extremo los caminos ilícitos utilizados por organizaciones criminales transnacionales y facilitadores de contrabando humano", según aseguró hoy la vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gillian Christensen, citada por la agencia de noticias EFE.
"Los tutores legales que han puesto a los niños directamente en peligro al confiarlos a organizaciones criminales violentas serán responsables por su papel en estas conspiraciones", agregó.
Esta nueva campaña del ICE responde a las directivas emitidas en febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluían la posibilidad de presentar cargos o expulsar a los padres que paguen a un "coyote" (traficante de personas) para que ayude a sus hijos a cruzar la frontera.
Según denunciaron organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y refugiados, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzó a compartir información con el ICE sobre familiares de niños no acompañados en Estados Unidos tras la orden ejecutiva de Trump.
De acuerdo a esas organizaciones, los niños que cruzan solos la frontera son interrogados por el CBP y luego esa información la utiliza el ICE para detener a sus padres e incluso acusarlos de un delito de tráfico de personas.
"Hace dos semanas que llevamos escuchando rumores sobre las redadas a los responsables legales de niños no acompañados.
Ahora sabemos que han empezado", aseguró el vicepresidente del grupo Niños en Necesidad de Defensa, Cory Smith, quien indicó que los impactos de esto "serán extremos".
"Volverán a traumatizar a los niños; sus responsables temerán ir a recogerlos a los centros en los que se encuentran tras cruzar la frontera y serán más vulnerables a las pandillas y los traficantes", sentenció.
Por su parte, el director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense, Philip Wolgin, lamentó que el gobierno utilice a "niños vulnerables" para perseguir a sus propios padres.
"Se trata del último esfuerzo de (Donald) Trump y su gobierno para separar a las familias. Separar a los niños de sus padres es el nivel de crueldad más extremo y no tiene nada que ver con la política o con la ideología", argumentó.
Según cifras del DHS, 155.000 niños no acompañados fueron detenidos en los últimos tres años, mientras que datos del Alto Comisionado para Atención de Refugiados (Acnur) cifran en alrededor de 64.000 los menores detenidos el año pasado en la frontera de Estados Unidos con México.
Mientras, la autorización parcial por la Justicia del veto migratorio de Trump sigue generando polémica.
El fiscal general de Hawai, Douglas Chin, presentó anoche una apelación de emergencia ante un tribunal federal afirmando que las restricciones del veto migratorio decretado por el mandatorio estadounidense son excesivas.
La Corte Suprema acordó el lunes último por unanimidad levantar parcialmente los bloqueos al decreto establecidos anteriormente por otros tribunales inferiores.
Sin embargo, aclaró que las personas procedentes de los seis países afectados (Irán, Sudán, Siria, Yemen, Libia y Somalia) podrían entrar en Estados Unidos si demostraban tener una relación con el país.
La Corte emitirá un fallo definitivo sobre la medida en octubre, pero para entonces ya habrán terminado los 90 días que estará en vigor el veto.
El gobierno indicó que los ciudadanos de los seis países afectados podrán viajar si, por ejemplo, estudian o trabajan en Estados Unidos.
También se hará una excepción con quien tenga familiares directos en Estados Unidos, es decir, la pareja, los padres, los hijos o los hermanos de quienes demuestren su lazo con el país norteamericano.
Sin embargo, los abuelos, los tíos o los sobrinos no contarán como prueba de una relación de "buena fe" (bona fide, según precisó la corte en el fallo) con Estados Unidos, reportó la agencia de noticias DPA.
Según el fiscal general de Hawai, el gobierno excluye con su estrecha definición de familia a demasiadas personas. Chin pidió al tribunal que aclare si esto es compatible con la decisión de la Corte Suprema.
El recurso fue presentado ante el mismo juez que paralizó el segundo veto migratorio de Trump en marzo.