El Tribunal Constitucional alemán dio luz verde al acuerdo de libre comercio entre UE y Canadá
El Tribunal Constitucional alemán dio hoy luz verde al Gobierno alemán para firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés.
El presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Vosskuhle, dio a conocer su veredicto tras un análisis de 24 horas sobre los recursos que reclamaban una decisión de urgencia contra la entrada en vigor parcial del CETA, antes incluso de su paso por el Bundestag (Cámara Baja).
Los demandantes, entre los que se encuentra el partido de La Izquierda, una maestra de música -que elevó una demanda en nombre de unas 68.000 personas- y una asociación de organizaciones no gubernamentales, querían conseguir que el Constitucional obligara al Gobierno alemán a votar en contra en la reunión de ministros de la UE el 18 de octubre e impedir así la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial cuya firma está prevista para el 27 de octubre en Bruselas.
La asociación formada por la organización de protección del consumidor Foodwatch, junto con el grupo antiglobalización Campact y Mehr Demokratie (Más Democracia), que aboga por una mayor participación de los ciudadanos en política, habían recopilado más de 125.000 firmas a favor de su querella contra el CETA.
Nunca antes se había conseguido que tanta gente firmara una demanda colectiva para presentarla ante el máximo tribunal germano.
En su opinión, el acuerdo contraviene la Constitución alemana en puntos como la creación de tribunales de arbitraje internacionales que fallarían por encima de la Justicia de los países en casos de conflictos entre empresas y Estados y pone en peligro, además, la protección del consumidor y del medio ambiente en la UE.
El Gobierno alemán siempre defendió el acuerdo, al que ve como un paso importante para lograr un nuevo impulso económico y nuevos mercados de consumo.
El CETA deberá ser ratificado por todos los miembros de la UE, ya que se trata de un tratado "mixto", es decir, que toca competencias de la UE y de los países miembros, por lo que el Parlamento Europeo no tiene la última palabra. El proceso de ratificación se puede dilatar dos años y debe ser aprobado por unanimidad.