Honduras: La presidenta Xiomara Castro acusó a la «extrema derecha» de bloquear la designación del fiscal general

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, acusó hoy a la "extrema derecha" de su país de formar un bloque para "impedir el nombramiento" de un fiscal general, tema que es objeto de una tensa disputa política entre el oficialismo y la oposición.

"Ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo fiscal (general) y un fiscal adjunto", señaló la mandataria al hablar en Tegucigalpa durante el acto oficial por el Día de la Bandera Hondureña.

Ayer a la noche, en la fecha límite para la elección de los representantes del organismo judicial, el Congreso unicameral volvió a fallar en el último intento por lograr un consenso.

La elección de las autoridades del nuevo Ministerio Público requiere una mayoría calificada de las dos partes del pleno del Congreso, 86 votos favorables de una nómina de 128 diputados, cuando el oficialismo solamente cuenta con 50 escaños.

Esta situación hace que el debate esté estancado: mientras el oficialismo acusa a la oposición -representada sobre todo por el derechista Partido Nacional- de boicotear el debate con interrupciones, silbidos y gritos, desde las bancadas opositoras acusan a la administración de Castro de autoritarismo y presión.

La fuerza gobernante Partido Libertad y Refundación presentó la moción en el Congreso para designar como fiscal general a Johel Antonio Zelaya y como fiscal general adjunto a Marcio Cabañas Cadillo, en una iniciativa que se enmarca en la denominada "refundación de la patria", una serie de reformas que prometió Castro desde su asunción en enero de 2022, y que demandan un Ministerio Público capaz de combatir la corrupción.

Ante la falta de avances, la presidenta convocó para el martes pasado a una movilización popular para exigir al Parlamento la aprobación de las designaciones, y denunció una supuesta conspiración de "mafias, élites corruptas y el narcotráfico" para derrocarla.

La semana pasada, la oposición realizó también su propia marcha, en este caso para demandarle al Gobierno que "no siempre más odio ni discordia".

La tensión entre oficialismo y oposición se agravó en los últimos días por acusaciones mutuas de intentos de romper el orden constitucional, con señalamientos directos a varios generales que secundaron el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009.

"No cesaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria (cajoneada en el Parlamento también por falta de consenso)", enfatizó hoy la jefa de Estado en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.

"¡Viene la Cicih, tiene que quedar claro viene la Cicih!", exclamó la presidenta hondureña en referencia a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad, una promesa electoral en su campaña de 2021 que el Gobierno negoció con Naciones Unidas el 15 de diciembre de 2022.

Ante la situación de un Ministerio Público acéfalo a partir de hoy, el oficialismo defiende la idea de que la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) debe seguir en el ejercicio de la acción pública.

En contraposición, el bloque opositor aboga por la permanencia los actuales funcionarios, el fiscal general Óscar Chinchilla y su adjunto, Daniel Sibrián, hasta que finalmente el Legislativo logre la elección de las nuevas autoridades.

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