Un militar imputado por violar a una subalterna en la Base Zar de Trelew, al borde del juicio oral

Un militar de la Armada Argentina quedó a un paso del juicio oral imputado por violar a una subordinada en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, consideró terminada la investigación y pidió que el caso se eleve al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para poner fecha a las audiencias.

Juan Walter Damián Pegueroles tiene 53 años y vive en Mar del Plata. Lo acusan de abuso sexual con acceso carnal. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.

El episodio habría ocurrido en marzo de 2008. Pegueroles era suboficial segundo en la Base. La víctima era cabo segundo y compartían un servicio de guardia las 24 horas, en el área Comunicaciones.

El hombre le habría dicho a su subordinada que sin decir nada a nadie, le iba permitir dormir en el sector masculino, ya en el sector destinado a mujeres “hacía mucho frío”. Ella accedió ya que le resultaba “extremadamente difícil mantenerse despierta por el cansancio acumulado”.

Compartirían la cama y se ubicarían de espalda entre sí. Vencida por el sueño, él le habría desabrochado la camisa del uniforme, tocándola entre expresiones obscenas, para luego bajarle el pantalón y la ropa interior. Y así siguió.

La víctima quedó muy perturbada. Ya antes del hecho había dejado constancia de su malestar con la conducta de su superior: evitaba las guardias juntos y les había contado a sus compañeros que en una ocasión el suboficial se le apareció en ropa interior. Cuando se quedaban a solas intentaba besarla, tocarla o se le acercaba. Una compañera declaró que la denunciante le pedía cambiar de guardia para evitar estar con él.

“Las situaciones que comenzó a vivenciar las puso en conocimiento a sus compañeros, no obteniendo ninguna recepción favorable, ni siquiera accediendo los otros suboficiales en evitar que hiciera guardia con él. No sólo se minimizaba lo que refería sino que tampoco se atendía el estado de ánimo que atravesaba”, dice el dictamen del fiscal. Su superior la hostigaba y acosaba constantemente.

La víctima no hizo la denuncia enseguida. Estuvo en la Base hasta febrero de 2010; él, hasta julio de 2009.

Se reencontraron en marzo de 2022, en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de Técnicas y Tácticas Navales de la Base Naval Puerto Belgrano. Pegueroles resultó ser su instructor. Al verlo quedó paralizada, sin poder respirar. El ataque de pánico necesitó atención médica. El Departamento de Salud Mental del Hospital Naval la revisó, derivada por la Oficina de Género: padecía síntomas de ansiedad en su ámbito laboral, taquicardia, dificultad para dormir e irritabilidad.

“La nueva vivencia traumática producida por un impensado encuentro con su agresor fue un detonante para dar a conocer lo acontecido en el pasado ante las autoridades de la Fuerza Armada”. Lo denunció el 25 de mayo de 2022. Por haberse cometido en Trelew, el caso recaló en Rawson.

Gélvez subrayó la necesidad de abordar la investigación con perspectiva de género, y repasó los estándares internacionales para los casos de violencia sexual, compromisos asumidos por el Estado Argentino para la protección integral de la mujer. Y subrayó las obligaciones que marcan la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El dictamen fiscal da cuenta de las relaciones asimétricas de poder que favorecen esta clase de delitos, que se profundizan cuando la relación laboral es en instituciones tales como las fuerzas armadas, fuertemente jerarquizadas, y donde las órdenes y la debida obediencia de los estratos subalternos respecto de los superiores “se encuentran particularmente intensificadas, naturalizadas y reglamentadas”.

En estos ámbitos la violencia sexual ocurre bajo amenaza de apercibimientos, sanciones, arrestos, difamación, traslados, o reasignación a funciones de menor jerarquía.

“Se genera incertidumbre laboral, malestar, miedo e incluso consecuencias perjudiciales en la salud”, explicó el fiscal.

Estos episodios son particularmente graves, ya que los cometen funcionarios del Estado que, paradójicamente, están obligados a hacer cesar la discriminación y la violencia por motivos de género. “Son manifestaciones de violencia institucional, facilitadas por los privilegios y la mayor capacidad de impunidad que permite el rol de poder”.

En el caso de la Base Zar “debe especialmente atenderse a la realidad en la cual estuvo sumida la víctima, y corresponderá empatizar con las razones por las cuales, no pudo o no quiso hablar inicialmente, dejándose de lado todo prejuicio que implique cuestionar la decisión sobre el proyecto de vida de una mujer que ha sido afectada en su libertad y dignidad”.

Según Gélvez, además de su relato, el resto de la evidencia encaja con la denuncia. El informe psicológico la describió con “ansiedad y angustia altas”.

El legajo de Pegueroles muestra que sólo fue sancionado por la Armada con 6 días de arresto por “dirigirse en forma inapropiada a personal femenino más moderno, al insinuarle darle un beso como despedida, provocando que esta se sienta agraviada”.

“Puede colegirse razonablemente que la natural, espontánea y auténtica reacción frente a lo sufrido por la víctima haya sido su silencio por varios años –explica el dictamen-. Ese silencio deviene sumamente comprensible, en orden al pudor, al resguardo de la fuente laboral, y el hecho de no exponer a terceros el ultraje sufrido a su dignidad humana. Es necesario contemplar la presión psicológica, y superioridad del agresor, con más antigüedad y jerarquía”.

“¿Qué persigue ella denunciando luego de tantos años? -agrega- La respuesta emerge con claridad: su único objetivo es que se haga Justicia, enfrentando un panorama adverso por el paso del tiempo y los prejuicios en su contra”.

Las consecuencias del proceso penal para su vida pueden ser negativas: “De nuevo se expone dentro de una institución verticalista con estereotipos discriminatorios, que ha sido ineficaz en la contención de un acoso (y posterior de abuso sexual), con criterios totalmente ajenos al respeto de la mujer”.

Ante su pedido de auxilio “la víctima lo único que obtuvo de superiores y compañeros fueron burlas y subestimación del acuso que Pegueroles; ejemplo de ello es que lo apodaron `el sátiro del calzoncillo´”.

El 14 de diciembre de 2023, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la última queja de la defensa del militar y confirmó su procesamiento.(Jornada)