La legislatura de la ciudad de Buenos Aires, una nueva ley de cooperadoras escolares y afirman que es "restrictiva" y "persecutoria"

La Legislatura porteña aprobó hoy, con votos de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza, una ley de cooperadoras escolares para "resguardarlas de la politización y otorgar mayor transparencia en su funcionamiento", pero que fue definida por el Frente de Todos (FdT), la Izquierda (FIT) e integrantes de la comunidad educativa como "restrictiva" y "persecutoria".

La autora del proyecto, Marina Kienast, quien integra el bloque Republicanos Unidos en la coalición JxC, afirmó durante la sesión que la iniciativa surgió a partir de "charlas con grupos de padres que se acercaron preocupados por la politización que hay dentro de algunas cooperadoras escolares".

Y agregó que debido al rol "primordial" de estas asociaciones es necesario "establecer un marco regulatorio que las ampare".

En ese sentido, el artículo 16 de la nueva ley establece que una cooperadora escolar "no podrá" ser utilizada para "promover actividades con fines comerciales, político partidarios, religiosos y cualquier otro que sea ajeno a sus funciones" o "implique conflicto de intereses".

Al respecto, desde UCR-Evolución, otro bloque de JxC, la diputada Manuela Thourte dijo que la ley busca "regular a las cooperadoras", y agregó que es "imposible prohibir la participación política", ya que eso "excede a los límites de cualquier ley" y "nadie puede decirle a otro qué pensar".

Desde el FdT, la legisladora Laura Velasco afirmó, en cambio, que la norma se basa en la "pedagogía del miedo", y que "restringe derechos a las comunidades educativas".

Además, sostuvo que el Gobierno porteño "no escucha los justos reclamos" de los estudiantes sobre el mal estado edilicio de las escuelas, la mala calidad de las viandas y la precarización laboral que implican las prácticas profesionalizantes, mientras "en los últimos 15 años" redujo el presupuesto destinado a Educación en "12 puntos" porcentuales del total de gastos.

La nueva regulación también establece que los mandatos de los cargos de presidente, secretario y tesorero de las cooperadoras durarán dos años y podrán ser reelegidos una sola vez, pero agrega que "en caso de no presentarse nuevos postulantes (...) podrán volver a presentarse los mismos miembros, de manera excepcional por un solo período".

Al respecto, la legisladora del FIT Mercedes de Mendieta afirmó que "quienes trabajan en las escuelas saben lo difícil que es conformar las cooperadoras, y con estas nuevas restricciones será todavía más complicado. La intención es constituir cooperadoras que sean sumisas a las políticas del Ministerio de (Soledad) Acuña".

Mientras los legisladores debatían, en uno de los palcos del recinto legislativo integrantes de "Cooperadores en Movimiento" mostraban carteles que definían la ley como "restrictiva", y agregaban que "atenta contra la escuela pública".

Desde otro palco, integrantes de las cooperadoras de escuelas como el Lenguas Vivas Sofía Spangenberg, el Mateo Bas y Antonio Bermejo mostraban carteles que decían "Sí a la ley de cooperadoras".

En otro de sus artículos, la ley establece que las cooperadoras tendrán dos categorías de socios: los "naturales" serán los miembros de las familias o representantes legales de los alumnos, mientras los "adherentes", sin derecho a voto, serán quienes "tengan participación en la comunidad educativa a partir del pago de la cuota social", que suelen ser exalumnos o sus familiares.

Este punto fue criticado en los días previos a la sesión por Pablo Cesaroni, de Cooperadores en Movimiento, quien consideró que todos los socios deberían poder votar para no "limitar la participación".

Antes del comienzo de la sesión, Cesaroni dijo a Télam que las modificaciones al proyecto de ley que habían solicitado desde su agrupación no fueron tomadas en cuenta.

Hasta el momento, las cooperadoras escolares se regían por una ordenanza municipal de 1980, normativa del Ministerio de Educación local y sus propios estatutos.

Desde 2012, rige a nivel nacional una ley de cooperadoras escolares a la que la ciudad de Buenos Aires no adhirió.