La Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina, en la causa YPF
La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
Los argumentos de la defensa que cambiaron el curso del proceso
La resolución de la Cámara de Apelaciones llega luego de una intensa etapa de apelación que tuvo su jornada clave en octubre de 2025. Durante una audiencia que se extendió por 96 minutos ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los representantes legales del Estado argentino presentaron una estrategia sólida basada en tres pilares fundamentales. El objetivo principal era la anulación total de la sentencia o, en subsidio, un recorte drástico en los montos compensatorios.
El planteo central, sostenido de forma recurrente por diversas administraciones, incluyendo la de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora la de Javier Milei, defendía que la jurisdicción adecuada para tratar este conflicto era la Justicia argentina y no los tribunales estadounidenses. La defensa argentina argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario.
Acompañando este eje, se presentó un argumento técnico que señalaba errores en la interpretación de la normativa local —derecho societario y administrativo— por parte de la jueza Preska. Estas inconsistencias en la lectura del derecho argentino fueron determinantes para que los magistrados de alzada revisaran el fallo inicial.
El juicio por YPF
En una votación de 2 a 1, el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Manhattan dictaminó que las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato no eran reconocibles bajo los códigos civiles y el derecho público de Argentina, lo que justifica la revocación del fallo.
Argentina había estado intentando revocar la indemnización de 16.100 millones de dólares otorgada en septiembre de 2023 por un juez de primera instancia a los antiguos accionistas de YPF, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, por supuestas pérdidas vinculadas a la nacionalización de YPF.
El país también había apelado una orden de junio de 2025 que le obligaba a entregar las acciones de YPF para satisfacer parcialmente la sentencia. Dado que la sentencia fue anulada, el Segundo Circuito dejó sin efecto la orden de entrega.
Burford, una empresa con sede en el Reino Unido que financia el litigio, habría cobrado gran parte de la sentencia de 16.100 millones de dólares si esta se hubiera mantenido. La indemnización ascendió a 18.000 millones de dólares con los intereses cuando se presentó la apelación en octubre pasado, según declaró un abogado de Argentina.
La apelación se refería a la decisión de Argentina de expropiar el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol por 5.000 millones de dólares sin realizar una oferta pública de adquisición a Petersen y Eton Park, el segundo y tercer mayor inversor de YPF.
YPF era una empresa privada desde 1993. Pero la expresidente Cristina Fernández de Kirchner decidió renacionalizarla en 2012 porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska, en Manhattan, dictaminó que Argentina había incumplido sus obligaciones con Petersen y Eton Park, y le ordenó pagarles 14.390 millones de dólares y 1.710 millones de dólares, respectivamente.
Dichas sumas incluían 8.430 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, más 7.670 millones de dólares en intereses previos al fallo a un tipo del 8%.
Durante los alegatos orales del 29 de octubre, el panel de tres jueces del tribunal de apelaciones cuestionó por qué el caso se encontraba en Estados Unidos, dado que la actividad subyacente tuvo lugar en Argentina e implicó presuntas violaciones de la ley argentina.
Un abogado de Petersen y Eton Park defendió la decisión de llevar el caso a Estados Unidos, argumentando que las dificultades económicas de Argentina y su "inclinación por el nacionalismo" implicaban que los inversores podrían recibir un trato menos justo por parte de los tribunales de ese país.